Chokokué que lucha, chokokué en peligro

Ser Chokokué – campesino en guaraní – es cada vez más difícil en Paraguay. El aumento de las grandes explotaciones agrarias y las facilidades fiscales para la plantación y exportación de la soja del país han provocado que la tierra en Paraguay sea un bien muy cotizado entre los agroempresarios. Al mismo tiempo, esta competencia por la tierra, ha provocado una parte de la expulsión de sus habitantes: los campesinos e indígenas debido a los altos precios de la tierra o el cercamiento de sus poblaciones con campos de soja se ven obligados a abandonar el campo. La lucha por la tierra se agrava.

Imagen de una manifestación campesina en Asunción realizada en 2009. Foto EFE
Imagen de una manifestación campesina en Asunción realizada en 2009. Foto EFE

La lucha se agrava, los campesinos se movilizan en muchas de las organizaciones campesinas que existen en el país y la respuesta estatal / paramilitar / agroempresaria es el uso de la violencia para mantener sus intereses. Desde 1989, año del fin de la dictadura de Stroessner, la violencia en el campo ha sido constante: 117 asesinatos o desapariciones de líderes campesinos en el campo Paraguay según la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). La punta del iceberg, con más repercusión internacional de esta violencia, fue la masacre que se realizó en Marina Kué: la versión oficial afirma que la policía y los campesinos se enfrentaron en una lucha armada cuando los primeros entraron a desalojar a los campesinos que estaban asentados en tierras ajenas[1]. Este episodio supuso un juicio político (Golpe de Estado blando, utilícese la terminología que prefieran) al presidente Fernando Lugo que había subido en 2008 al poder con un programa político centrado en la reforma agraria[2].

La realidad diaria es que el uso de mecanismos indirectos para la expulsión de los campesinos del campo es cada vez mayor y menos disimulada. Algunas de las formas de expulsión son mediante el uso de agrotóxicos en poblados ( el rociamiento de pesticidas en las inmediaciones o incluso sobre los poblados ha sido denunciado reiteradas veces por comunidades campesinas[3]). Otras formas de expulsión se dan a través de la compra de campos campesinos por parte de los agroindustriales, dando liquidez rápida a los campesinos que en muchos casos acaban viviendo en núcleos de pobreza en las ciudades.

 Petrona Villasboa, madre de Silvino Talabera quién murió después de ser rociado con pesticidas. Foto: Glyn Thomas / Friends of the Earth
Petrona Villasboa, madre de Silvino Talabera quién murió después de ser rociado con pesticidas. Foto: Glyn Thomas / Friends of the Earth

La precarización de la vida en el campo viene de lejos, igual que la lucha y reivindicación de los derechos campesinos que mantienen una larga trayectoria en el Paraguay. Desde 1989, año de la redemocratización del país, la lucha campesina se visibiliza y las demandas por la tierra pasan a ser de dominio público. Desde hace unos años los movimientos campesinos también denuncian la relación del modelo agroexportador centrado en la Soja con el empobrecimiento agrario; todo ello con el beneplácito del Gobierno que no hace nada para evitarlo. Por ello, muchos líderes campesinos son asesinados, detenidos arbitrariamente, torturados o secuestrados. Los asesinados o desaparecidos ascienden como hemos señalado a 117 en la actualidad. Todos ellos tienen en común que eran campesinos concienciados y comprometidos con la lucha por la tierra y por mejorar la situación de las comunidades indígenas y campesinas.

La violencia contra el campesinado se ha cobrado demasiadas muertes, como la de  Benjamin Lezcano, el “Toto”, dirigente campesino de la zona norte cercana a Concepción,  asesinado el 20 de febrero de 2015 tras recibir 15 balazos de madrugada mientras dormía en su casa. O la lucha de Digno González Maidana, líder campesino de Itapúa, fue muerto esta pasada Navidad por 19 balazos. Digno luchaba contra las fumigaciones tóxicas que generan enfermedades a cientos de campesinos e incluso la muerte. O Inocencio Sanabria que fue asesinado en su casa junto a su hijo menor, quien resultó herido, a manos de unos sicarios por oponerse a las expansiones de los cultivos de soja sin control… Y así hasta sumar 117 casos en que directamente un campesino es silenciado con la muerte. Sin embargo la lucha por la tierra en Paraguay continúa y se hace más visible que nunca.

[1] Las tierras en cuestión eran propiedad de N. Blas Riqueleme, político colorado en activo durante la dictadura de Stroessner que según las organizaciones campesinas se apropió de tierra que tenía que ser destinada la Reforma Agraria. Riqueleme tiene más 70.000 hectáreas de tierra en la zona. Para conocer más acerca la finca: http://www.quepasaenparaguay.info/jose-tomas-sanchez/

[2] El Presidente Fernando Lugo estuvo en la presidencia de Paraguay de 2008-2012 y  llegó al poder en alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una fuerza política tradicional opositora a la dictadura stronista aunque contraria a medidas de redistribución económica y la Reforma Agraria. Más tarde el PLRA lo condenó en el juicio político provocando la destitución de Lugo. Durante su mandato fue conocido como el ‘obispo de los pobres’ (por su pasado eclesiástico) y tenía una agenda muy comprometida con las clases populares. Aunque no hizo reformas consistentes, su gobierno fue -con contradicciones- un interlocutor de los campesinos y, por primera vez desde 1954, dirigentes de izquierda ocupaban algunos ministerios.

[3] Son muchas las noticias al respecto: desde abortos, malformaciones infantiles o incluso la muerte de niños por estar en contacto con los agrotóxicos directo o indirecto. Los campos campos colindantes con los cultivos de Soja no producen o producen poco llevando a la expulsión de las familias de la zona por falta de posibilidades de manterse. Véase por ejemplo: http://paraguayresiste.com/campesinas-denuncian-abortos-por-agrotoxicos o http://www.globalresearch.ca/la-republica-unida-de-la-soja-recargada/5342000

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