“Hacia un nuevo campo colombiano”

Hace apenas un mes el gobierno de Colombia y las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia llegaron al primer gran acuerdo en los diálogos de paz después de seis meses de conversaciones en la Habana y Oslo: el pacto sobre la reformar agraria bajo el nombre ” ‘Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”. Un título que de buenas a primeras, promete.  Todavía quedan en la agenda cuatro temas estratégicos a pactar: participación política, abandono de armas, lucha contra el narcotráfico y la comisión de la verdad.

EFE El jefe guerrillero de las FARC Rodrigo Granda, alias «Ricardo Téllez», durante el anuncio del acuerdo en La Habana EFE
EFE El jefe guerrillero de las FARC Rodrigo Granda, alias «Ricardo Téllez», durante el anuncio del acuerdo en La Habana EFE

El primer acuerdo, el de desarrollo rural, es sin dudas uno de los de mayor trascendencia e importancia para las FARC tanto a nivel práctico como simbólico. La guerrilla nació en 1964 a raíz de movimientos campesinos y con un claro programa rural que clamaba por una reforma agraria.  La bandera de su fundación fue la lucha por los derechos campesinos ante la alta concentración de la tierra por parte de las elites terratenientes y los grandes empresas transnacionales que acaparaban el agro y expulsaban de la tierras a los campesinos o los empleaban en régimen de semi-esclavitud. Tenían una fuerte inspiración cubana y pretendían implantar una reforma agraria tan ambiciosa como la realizada en la isla.

La lucha por la reforma agraria es uno de los bastiones fudamentales de la organización; aunque a lo largo de sus más de cincuenta años de existencia, las FARC han ampliado  su programa político a temas alejados de lo rural, adaptándose a las nuevas necesidades sin olvidar las viejas y estructurales deferencias de la sociedad colombiana; gran parte de ellas derivadas de la falta de acceso a la tierra de la mayoría de la población rural.

Fotografía Boris Heger

UNA ESTRUCTURA AGRARIA POLARIZADA

La estructura agraria del país es altamente conflictiva al ser una de las más desiguales de Sudamérica. Pese a que es casi imposible determinar la concentración de la tierra debido a que un 40% de los predios rurales no tienen títulos y la información catastral es muy baja, se estima que un 1’15% de los propietarios poseen el 52% de la tierras. Una concentración que situaría a Colombia entre los cuatro países más desiguales del continente americano junto con  Paraguay, Brasil y Argentina.

La historia de la política rural en Colombia ha brillado a través de las décadas por no intentar revertir la desigualdad en la tenencia. Bebe de una herencia colonial latifundista de plantaciones de café y azúcar muy dependiente de las exportaciones.  En la historia de Colombia no ha habido ninguna reforma agraria que optara por una redistribución mínima de las tierras[1]. Las políticas estatales de los noventa ayudaron a aumentar la concentración de la tierra al buscar sustituir la intervención directa del Estado por los mercados asistidos de tierra, creando inventivos a los agente privados para la adquisición de tierras; todo ello dio como resultado la imposibilidad de acceder a las tierras a la agricultura campesina y a fomentar un alta concentración y extranjerización de la tierra. Una situación que ya en 2011 llevó a la ONU a declarar la necesidad de implementar políticas para invertir la desigual tenencia de la tierra en Colombia[2].

UN CONFLICTO QUE DESPLAZA Y CONCENTRA TIERRA

Colombia ha sido históricamente un país que empleaba a la mayoría de sus habitantes en la agricultura, sin embargo, la guerra y la impunidad en el agro, ha creado una corriente migratoria muy fuerte de lo rural a lo urbano, sobrepoblando las grandes urbes con un contingente masivo de desplazados viviendo en los cinturones de la pobreza de las ciudades. Actualmente en las tierras desocupadas de los desplazados se adjudican concesiones por parte del Estado para la explotación minera (entre otros) o a grupos económicos locales o transnacionales; las utilizan para sus proyectos de inversión en agroindustria, para la producción de biocombustibles como los crecientes cultivos de palma africana[3]. Una producción que merma todavía más la soberanía alimentaria del país al destinar un elevado número de hectáreas a la exportación de cultivos con fines no alimentarios. Pese a que no hay registros oficiales del número de desplazados, distintas ongs y estudios calculan que entre 1990 y 2010 ha habido un total de 62.000 desplazados al año[4].

UNA FUTURA REFORMA AMBICIOSA

El primer acuerdo en las negociaciones de paz, ha brillado por su ambición. Pese a que la reforma queda lejos de los ideales fundacionalistas de las FARC inspirados en la revolución cuabana, de realizarse los pactos a pie de letra, Colombia con toda probabilidad dejaría de estar en la lista de países con mayor desigualdad. A grandes rasgos, el pacto apuesta claramente por un modelo de agricultura campesino que  incentiva la soberanía alimentaria y que protege al pequeño productor frente a los gigantes agrarios transnacionales que existen en el campo colombiano. Es un acuerdo que «está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras y la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo» según declararon el gobierno de Santos y las FARC.

Concretamente se llegaron a seis acuerdos en el tema agrario. El primero consiste en el acceso y uso de las tierras improductivas. También se acordó un plan de formalización de la propiedad, hasta ahora muchas de las pequeñas propiedades carecían de títulos de propiedad siendo facilmente expulsables, frontera agrícola y protección de zonas de reservas. Otro acuerdo de gran trascendencia ha sido el compromiso del gobierno de garantizar el desarrollo social: salud, vivienda, erradicación de la pobreza y educación, en el agro colombiano, muy castigado por el conflicto y con muy pocas infraestructras sociales. Finalmente, se recalca la necesidad de incentivar una economía solidaria y basada en cooperativas, con acceso a una asistencia técnica pública, créditos, mercado, políticas alimentarias que impulsen una soberanía alimentaria nacional a base de la producción campesina y familiar.

Por ello el primer gran pacto tiene una trascendencia más allá del mero simbolismo de paz; de cumplirse con el acuerdo, la estructura agraria colombiana daría una giro a favor de los derechos campesinos por primera vez en la historia y pese a que no eliminaría el poder de los grandes terratenientes y de las compañías transnacionales, limitaría sus usos y costumbres de impunidad en el agro colombiano.

DOCUMENTOS:

Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2012).

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155378

Comunicado del acuerdo de la Reforma Agraria Integral (2013)

http://www.infolatam.com/2013/05/26/comunicado-conjunto-gobierno-farc-sobre-la-reforma-rural/w.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf


[1] Solamente en 1936 durante el periodo liberal se implantó una reforma agraria que más que redistribuir las tierras legalizó las colonizaciones de territorio del campesinado con el fin de regularizar la titularidad de la tierra.

[3] FAO-CEPAL, (2013). “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Amércas: una mirada hacia América latina y el Caribe”.

[4] DA SILVA ET AL (2008) “Boom Agrícola y presistencia de la pobreza rural”, FAO.