Chokokué que lucha, chokokué en peligro

Ser Chokokué – campesino en guaraní – es cada vez más difícil en Paraguay. El aumento de las grandes explotaciones agrarias y las facilidades fiscales para la plantación y exportación de la soja del país han provocado que la tierra en Paraguay sea un bien muy cotizado entre los agroempresarios. Al mismo tiempo, esta competencia por la tierra, ha provocado una parte de la expulsión de sus habitantes: los campesinos e indígenas debido a los altos precios de la tierra o el cercamiento de sus poblaciones con campos de soja se ven obligados a abandonar el campo. La lucha por la tierra se agrava.

Imagen de una manifestación campesina en Asunción realizada en 2009. Foto EFE
Imagen de una manifestación campesina en Asunción realizada en 2009. Foto EFE

La lucha se agrava, los campesinos se movilizan en muchas de las organizaciones campesinas que existen en el país y la respuesta estatal / paramilitar / agroempresaria es el uso de la violencia para mantener sus intereses. Desde 1989, año del fin de la dictadura de Stroessner, la violencia en el campo ha sido constante: 117 asesinatos o desapariciones de líderes campesinos en el campo Paraguay según la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). La punta del iceberg, con más repercusión internacional de esta violencia, fue la masacre que se realizó en Marina Kué: la versión oficial afirma que la policía y los campesinos se enfrentaron en una lucha armada cuando los primeros entraron a desalojar a los campesinos que estaban asentados en tierras ajenas[1]. Este episodio supuso un juicio político (Golpe de Estado blando, utilícese la terminología que prefieran) al presidente Fernando Lugo que había subido en 2008 al poder con un programa político centrado en la reforma agraria[2].

La realidad diaria es que el uso de mecanismos indirectos para la expulsión de los campesinos del campo es cada vez mayor y menos disimulada. Algunas de las formas de expulsión son mediante el uso de agrotóxicos en poblados ( el rociamiento de pesticidas en las inmediaciones o incluso sobre los poblados ha sido denunciado reiteradas veces por comunidades campesinas[3]). Otras formas de expulsión se dan a través de la compra de campos campesinos por parte de los agroindustriales, dando liquidez rápida a los campesinos que en muchos casos acaban viviendo en núcleos de pobreza en las ciudades.

 Petrona Villasboa, madre de Silvino Talabera quién murió después de ser rociado con pesticidas. Foto: Glyn Thomas / Friends of the Earth
Petrona Villasboa, madre de Silvino Talabera quién murió después de ser rociado con pesticidas. Foto: Glyn Thomas / Friends of the Earth

La precarización de la vida en el campo viene de lejos, igual que la lucha y reivindicación de los derechos campesinos que mantienen una larga trayectoria en el Paraguay. Desde 1989, año de la redemocratización del país, la lucha campesina se visibiliza y las demandas por la tierra pasan a ser de dominio público. Desde hace unos años los movimientos campesinos también denuncian la relación del modelo agroexportador centrado en la Soja con el empobrecimiento agrario; todo ello con el beneplácito del Gobierno que no hace nada para evitarlo. Por ello, muchos líderes campesinos son asesinados, detenidos arbitrariamente, torturados o secuestrados. Los asesinados o desaparecidos ascienden como hemos señalado a 117 en la actualidad. Todos ellos tienen en común que eran campesinos concienciados y comprometidos con la lucha por la tierra y por mejorar la situación de las comunidades indígenas y campesinas.

La violencia contra el campesinado se ha cobrado demasiadas muertes, como la de  Benjamin Lezcano, el “Toto”, dirigente campesino de la zona norte cercana a Concepción,  asesinado el 20 de febrero de 2015 tras recibir 15 balazos de madrugada mientras dormía en su casa. O la lucha de Digno González Maidana, líder campesino de Itapúa, fue muerto esta pasada Navidad por 19 balazos. Digno luchaba contra las fumigaciones tóxicas que generan enfermedades a cientos de campesinos e incluso la muerte. O Inocencio Sanabria que fue asesinado en su casa junto a su hijo menor, quien resultó herido, a manos de unos sicarios por oponerse a las expansiones de los cultivos de soja sin control… Y así hasta sumar 117 casos en que directamente un campesino es silenciado con la muerte. Sin embargo la lucha por la tierra en Paraguay continúa y se hace más visible que nunca.

[1] Las tierras en cuestión eran propiedad de N. Blas Riqueleme, político colorado en activo durante la dictadura de Stroessner que según las organizaciones campesinas se apropió de tierra que tenía que ser destinada la Reforma Agraria. Riqueleme tiene más 70.000 hectáreas de tierra en la zona. Para conocer más acerca la finca: http://www.quepasaenparaguay.info/jose-tomas-sanchez/

[2] El Presidente Fernando Lugo estuvo en la presidencia de Paraguay de 2008-2012 y  llegó al poder en alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una fuerza política tradicional opositora a la dictadura stronista aunque contraria a medidas de redistribución económica y la Reforma Agraria. Más tarde el PLRA lo condenó en el juicio político provocando la destitución de Lugo. Durante su mandato fue conocido como el ‘obispo de los pobres’ (por su pasado eclesiástico) y tenía una agenda muy comprometida con las clases populares. Aunque no hizo reformas consistentes, su gobierno fue -con contradicciones- un interlocutor de los campesinos y, por primera vez desde 1954, dirigentes de izquierda ocupaban algunos ministerios.

[3] Son muchas las noticias al respecto: desde abortos, malformaciones infantiles o incluso la muerte de niños por estar en contacto con los agrotóxicos directo o indirecto. Los campos campos colindantes con los cultivos de Soja no producen o producen poco llevando a la expulsión de las familias de la zona por falta de posibilidades de manterse. Véase por ejemplo: http://paraguayresiste.com/campesinas-denuncian-abortos-por-agrotoxicos o http://www.globalresearch.ca/la-republica-unida-de-la-soja-recargada/5342000

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Ecuador: ¿Neoextractivismo para llegar al Sumak Kawsai?

Ha llovido mucho en Ecuador desde que en noviembre de 2006 Rafael Correa llegó al poder apoyado por sectores sociales hasta entonces discriminados e invisibilizados por los partidos tradicionales. Correa con Alianza País representó una nueva etapa para Ecuador, las demandas de su población campesina, indígena, afroamericana y los excluidos en general fueron escuchadas por primera vez en la historia del país. Un optimismo generalizado recorrió el país,  América y las izquierdas del mundo entero.

El proyecto político estrella de su primer mandato fue sin duda la Asamblea Constituyente que no sólo fue un altavoz para los movimientos sociales sino que representó un empoderamiento para los mismos. La asamblea dio la capacidad a diferentes sectores sociales de perfilar una nueva constitución que abogaba por un nuevo modelo de desarrollo construido desde el  Sumak Kawsay o el buen vivir [1], es decir desde la superación de los patrones capitalistas y neoliberales de “desarrollo”.

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Campesinas serranas. Foto: Isabel Esparza

Las demandas campesinas, pese a que los movimientos campesinos no tuvieron mucha representación en Asamblea Constituyente, fueron escuchadas  (Hidalgo Flor, 2006). La nueva constitución impuso (sobre el papel), a través del concepto del Sumak Kawsai, un modelo de soberanía alimentaria y de defensa al medio ambiente (defensa de la producción tradicional, nueva ley de los recursos hídricos, límites al agronegocio y reestructuración de la estructura agraria, entre otros) como derecho y deber creando las bases para un nueva política agraria con miras a  proteger la producción tradicional del campesinado e indígena.

¿Qué pasa entonces desde 2007, momento en que se inaugura la Asamblea Constituyente, hasta el 2013? Tres mandatos, una férrea decisión política de agrandar el estado y una progresiva cooptación de los movimientos sociales han dado como resultado una aplicación del paradigma neodesarrollista basado en el extractivismo petrolero y minero estatal. Esto se materializa en lo agrario en una alianza con el agronegocio para incrementar la producción agrícola y superar el “subdesarrollo”[2] en el campo (Hidalgo Flor, 2006). La reforma agraria sigue hoy en día siendo una tarea pendiente y que cada día se aleja más del ideal de redistribución de las tierras.

Paralelamente no se puede negar que Ecuador ha duplicado el gasto social, invierte en infraestructuras de comunicación, aumenta el gasto sanitario y educativo y ha ampliado el Estado hasta lugares que antes nunca había llegado. La pobreza ha disminuido en un 9% desde el 2006. El actual gobierno ha sido el primero que no se ha olvidado de los eternos olvidados del Ecuador. La mejora de los gastos sociales han podido suceder gracias al aumento de ingresos gracias a la reestatalización de la gestión de los recursos energéticos. En palabras del propio presidente; Ecuador necesita “usar el extractivismo para salir de él”[3]. Todo argumento en contra ha sido tachado de infantil por la administración. Se incentiva un avance social a través del desgaste medioambiental, cultural y a costa de vulnerar los territorios indígenas que se alzan como actores en contra de extractivimo.

yasuniLa última gran batalla perdida a favor de la Pacha Mama ha sido el abandono del proyecto que nació en 2007 de Yasuní también conocida como iniciativa ITT. Recordamos que esta la iniciativa consistía en evitar la explotación de combustibles fósiles en áreas de alta sensibilidad biológica y cultural del amazonías ecuatoriano. El gobierno se comprometía a no explotar un área rica en petróleo respetando la génesis del Buen Vivir y respetando a las comunidades indígenas que habitan la zona. A cambio introducía una lógica de corresponsabilidad, sobretodo con los países ricos, que pedía la mitad del dinero que hubiese ganado con la explotación, a cambio de salvaguardar uno de los mayores pulmones del planeta tierra. Tras más de cinco años de vida del proyecto y pese a la oposición de un elevado número de organizaciones sociales y políticas, Rafael Correa anunció que el gobierno sí explotará Yasuní afimando “El mundo nos ha fallado”. El abandono de la inciaitiva ITT representa el fin de un modelo de desarrollo que en 2006 parecía difícil, pero que hoy es casi imposible: un desarrollo alejado de las lógicas del mercado y a favor de las comunidades que habitan el territorio.


[1] El sumak kawsai (buen vivir) es una filosofía política de origen andino también conocida  (auque con algunos matices de diferencia) como Suma Quamaña  (vivir bien) en Bolivia. Ambos conceptos están recogidos en las constituciones de cada país y abogan por un desarrollo centrado en la mejora de la vida comunitaria respetando cuestiones sociales, culturales y medioambientales. Se aleja por tanto de la visión clásica materialista que prioriza el factor económico.

[2] Esta estrategia forma parte de una visión del capitalismo agrario, que ve la desigualdad y la pobreza rural como un  producto de circunstancias que deben ser abordadas mediante políticas públicas de integración del campesino en el sistema de mercado capitalistas (Mançano et Al, 2012)

[3] Dicho por el Presidente Rafael Correa en el discurso de posesión del mandato en mayo de 2013: ““buscar superar la economía extractivista con el infantilismo de no extraer petróleo equivale a superar la economía agro exportadora dejando de exportar banano. Seguramente lo único que se lograría sería más miseria ”.

CURIOSIDADES

Videoclip del artículo 57 de la Constitución de Ecuador. El artículo 57 está enmarcado dentro de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades y entra en conflicto con la decisión del ejecutivo de explotar la reserva de Yasuní. La letra de la canción está extraída del mismo artículo y el encargado de ponerle música es el conocido músico ecuatoriano Alex Alvear y  su hermano y artista Miguel Alvear el responsable de las imágenes.

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACOSTA ET AL (2009) “Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paríso pérdido”, Moratoria Petrolera en Yasuni, Quito.

HIDALGO FLOR (2006) “Neodesarrollismo, cuestión agraria y buen vivir” en Revista de Ciencias Sociales, núm. 22, México DF.

MANÇANO ET AL (2012), Gobernanza de la Tierra en Brasil, International Land Coalition, Roma.

“Hacia un nuevo campo colombiano”

Hace apenas un mes el gobierno de Colombia y las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia llegaron al primer gran acuerdo en los diálogos de paz después de seis meses de conversaciones en la Habana y Oslo: el pacto sobre la reformar agraria bajo el nombre ” ‘Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”. Un título que de buenas a primeras, promete.  Todavía quedan en la agenda cuatro temas estratégicos a pactar: participación política, abandono de armas, lucha contra el narcotráfico y la comisión de la verdad.

EFE El jefe guerrillero de las FARC Rodrigo Granda, alias «Ricardo Téllez», durante el anuncio del acuerdo en La Habana EFE
EFE El jefe guerrillero de las FARC Rodrigo Granda, alias «Ricardo Téllez», durante el anuncio del acuerdo en La Habana EFE

El primer acuerdo, el de desarrollo rural, es sin dudas uno de los de mayor trascendencia e importancia para las FARC tanto a nivel práctico como simbólico. La guerrilla nació en 1964 a raíz de movimientos campesinos y con un claro programa rural que clamaba por una reforma agraria.  La bandera de su fundación fue la lucha por los derechos campesinos ante la alta concentración de la tierra por parte de las elites terratenientes y los grandes empresas transnacionales que acaparaban el agro y expulsaban de la tierras a los campesinos o los empleaban en régimen de semi-esclavitud. Tenían una fuerte inspiración cubana y pretendían implantar una reforma agraria tan ambiciosa como la realizada en la isla.

La lucha por la reforma agraria es uno de los bastiones fudamentales de la organización; aunque a lo largo de sus más de cincuenta años de existencia, las FARC han ampliado  su programa político a temas alejados de lo rural, adaptándose a las nuevas necesidades sin olvidar las viejas y estructurales deferencias de la sociedad colombiana; gran parte de ellas derivadas de la falta de acceso a la tierra de la mayoría de la población rural.

Fotografía Boris Heger

UNA ESTRUCTURA AGRARIA POLARIZADA

La estructura agraria del país es altamente conflictiva al ser una de las más desiguales de Sudamérica. Pese a que es casi imposible determinar la concentración de la tierra debido a que un 40% de los predios rurales no tienen títulos y la información catastral es muy baja, se estima que un 1’15% de los propietarios poseen el 52% de la tierras. Una concentración que situaría a Colombia entre los cuatro países más desiguales del continente americano junto con  Paraguay, Brasil y Argentina.

La historia de la política rural en Colombia ha brillado a través de las décadas por no intentar revertir la desigualdad en la tenencia. Bebe de una herencia colonial latifundista de plantaciones de café y azúcar muy dependiente de las exportaciones.  En la historia de Colombia no ha habido ninguna reforma agraria que optara por una redistribución mínima de las tierras[1]. Las políticas estatales de los noventa ayudaron a aumentar la concentración de la tierra al buscar sustituir la intervención directa del Estado por los mercados asistidos de tierra, creando inventivos a los agente privados para la adquisición de tierras; todo ello dio como resultado la imposibilidad de acceder a las tierras a la agricultura campesina y a fomentar un alta concentración y extranjerización de la tierra. Una situación que ya en 2011 llevó a la ONU a declarar la necesidad de implementar políticas para invertir la desigual tenencia de la tierra en Colombia[2].

UN CONFLICTO QUE DESPLAZA Y CONCENTRA TIERRA

Colombia ha sido históricamente un país que empleaba a la mayoría de sus habitantes en la agricultura, sin embargo, la guerra y la impunidad en el agro, ha creado una corriente migratoria muy fuerte de lo rural a lo urbano, sobrepoblando las grandes urbes con un contingente masivo de desplazados viviendo en los cinturones de la pobreza de las ciudades. Actualmente en las tierras desocupadas de los desplazados se adjudican concesiones por parte del Estado para la explotación minera (entre otros) o a grupos económicos locales o transnacionales; las utilizan para sus proyectos de inversión en agroindustria, para la producción de biocombustibles como los crecientes cultivos de palma africana[3]. Una producción que merma todavía más la soberanía alimentaria del país al destinar un elevado número de hectáreas a la exportación de cultivos con fines no alimentarios. Pese a que no hay registros oficiales del número de desplazados, distintas ongs y estudios calculan que entre 1990 y 2010 ha habido un total de 62.000 desplazados al año[4].

UNA FUTURA REFORMA AMBICIOSA

El primer acuerdo en las negociaciones de paz, ha brillado por su ambición. Pese a que la reforma queda lejos de los ideales fundacionalistas de las FARC inspirados en la revolución cuabana, de realizarse los pactos a pie de letra, Colombia con toda probabilidad dejaría de estar en la lista de países con mayor desigualdad. A grandes rasgos, el pacto apuesta claramente por un modelo de agricultura campesino que  incentiva la soberanía alimentaria y que protege al pequeño productor frente a los gigantes agrarios transnacionales que existen en el campo colombiano. Es un acuerdo que «está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras y la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo» según declararon el gobierno de Santos y las FARC.

Concretamente se llegaron a seis acuerdos en el tema agrario. El primero consiste en el acceso y uso de las tierras improductivas. También se acordó un plan de formalización de la propiedad, hasta ahora muchas de las pequeñas propiedades carecían de títulos de propiedad siendo facilmente expulsables, frontera agrícola y protección de zonas de reservas. Otro acuerdo de gran trascendencia ha sido el compromiso del gobierno de garantizar el desarrollo social: salud, vivienda, erradicación de la pobreza y educación, en el agro colombiano, muy castigado por el conflicto y con muy pocas infraestructras sociales. Finalmente, se recalca la necesidad de incentivar una economía solidaria y basada en cooperativas, con acceso a una asistencia técnica pública, créditos, mercado, políticas alimentarias que impulsen una soberanía alimentaria nacional a base de la producción campesina y familiar.

Por ello el primer gran pacto tiene una trascendencia más allá del mero simbolismo de paz; de cumplirse con el acuerdo, la estructura agraria colombiana daría una giro a favor de los derechos campesinos por primera vez en la historia y pese a que no eliminaría el poder de los grandes terratenientes y de las compañías transnacionales, limitaría sus usos y costumbres de impunidad en el agro colombiano.

DOCUMENTOS:

Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2012).

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155378

Comunicado del acuerdo de la Reforma Agraria Integral (2013)

http://www.infolatam.com/2013/05/26/comunicado-conjunto-gobierno-farc-sobre-la-reforma-rural/w.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf


[1] Solamente en 1936 durante el periodo liberal se implantó una reforma agraria que más que redistribuir las tierras legalizó las colonizaciones de territorio del campesinado con el fin de regularizar la titularidad de la tierra.

[3] FAO-CEPAL, (2013). “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Amércas: una mirada hacia América latina y el Caribe”.

[4] DA SILVA ET AL (2008) “Boom Agrícola y presistencia de la pobreza rural”, FAO.