Chokokué que lucha, chokokué en peligro

Ser Chokokué – campesino en guaraní – es cada vez más difícil en Paraguay. El aumento de las grandes explotaciones agrarias y las facilidades fiscales para la plantación y exportación de la soja del país han provocado que la tierra en Paraguay sea un bien muy cotizado entre los agroempresarios. Al mismo tiempo, esta competencia por la tierra, ha provocado una parte de la expulsión de sus habitantes: los campesinos e indígenas debido a los altos precios de la tierra o el cercamiento de sus poblaciones con campos de soja se ven obligados a abandonar el campo. La lucha por la tierra se agrava.

Imagen de una manifestación campesina en Asunción realizada en 2009. Foto EFE
Imagen de una manifestación campesina en Asunción realizada en 2009. Foto EFE

La lucha se agrava, los campesinos se movilizan en muchas de las organizaciones campesinas que existen en el país y la respuesta estatal / paramilitar / agroempresaria es el uso de la violencia para mantener sus intereses. Desde 1989, año del fin de la dictadura de Stroessner, la violencia en el campo ha sido constante: 117 asesinatos o desapariciones de líderes campesinos en el campo Paraguay según la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). La punta del iceberg, con más repercusión internacional de esta violencia, fue la masacre que se realizó en Marina Kué: la versión oficial afirma que la policía y los campesinos se enfrentaron en una lucha armada cuando los primeros entraron a desalojar a los campesinos que estaban asentados en tierras ajenas[1]. Este episodio supuso un juicio político (Golpe de Estado blando, utilícese la terminología que prefieran) al presidente Fernando Lugo que había subido en 2008 al poder con un programa político centrado en la reforma agraria[2].

La realidad diaria es que el uso de mecanismos indirectos para la expulsión de los campesinos del campo es cada vez mayor y menos disimulada. Algunas de las formas de expulsión son mediante el uso de agrotóxicos en poblados ( el rociamiento de pesticidas en las inmediaciones o incluso sobre los poblados ha sido denunciado reiteradas veces por comunidades campesinas[3]). Otras formas de expulsión se dan a través de la compra de campos campesinos por parte de los agroindustriales, dando liquidez rápida a los campesinos que en muchos casos acaban viviendo en núcleos de pobreza en las ciudades.

 Petrona Villasboa, madre de Silvino Talabera quién murió después de ser rociado con pesticidas. Foto: Glyn Thomas / Friends of the Earth
Petrona Villasboa, madre de Silvino Talabera quién murió después de ser rociado con pesticidas. Foto: Glyn Thomas / Friends of the Earth

La precarización de la vida en el campo viene de lejos, igual que la lucha y reivindicación de los derechos campesinos que mantienen una larga trayectoria en el Paraguay. Desde 1989, año de la redemocratización del país, la lucha campesina se visibiliza y las demandas por la tierra pasan a ser de dominio público. Desde hace unos años los movimientos campesinos también denuncian la relación del modelo agroexportador centrado en la Soja con el empobrecimiento agrario; todo ello con el beneplácito del Gobierno que no hace nada para evitarlo. Por ello, muchos líderes campesinos son asesinados, detenidos arbitrariamente, torturados o secuestrados. Los asesinados o desaparecidos ascienden como hemos señalado a 117 en la actualidad. Todos ellos tienen en común que eran campesinos concienciados y comprometidos con la lucha por la tierra y por mejorar la situación de las comunidades indígenas y campesinas.

La violencia contra el campesinado se ha cobrado demasiadas muertes, como la de  Benjamin Lezcano, el “Toto”, dirigente campesino de la zona norte cercana a Concepción,  asesinado el 20 de febrero de 2015 tras recibir 15 balazos de madrugada mientras dormía en su casa. O la lucha de Digno González Maidana, líder campesino de Itapúa, fue muerto esta pasada Navidad por 19 balazos. Digno luchaba contra las fumigaciones tóxicas que generan enfermedades a cientos de campesinos e incluso la muerte. O Inocencio Sanabria que fue asesinado en su casa junto a su hijo menor, quien resultó herido, a manos de unos sicarios por oponerse a las expansiones de los cultivos de soja sin control… Y así hasta sumar 117 casos en que directamente un campesino es silenciado con la muerte. Sin embargo la lucha por la tierra en Paraguay continúa y se hace más visible que nunca.

[1] Las tierras en cuestión eran propiedad de N. Blas Riqueleme, político colorado en activo durante la dictadura de Stroessner que según las organizaciones campesinas se apropió de tierra que tenía que ser destinada la Reforma Agraria. Riqueleme tiene más 70.000 hectáreas de tierra en la zona. Para conocer más acerca la finca: http://www.quepasaenparaguay.info/jose-tomas-sanchez/

[2] El Presidente Fernando Lugo estuvo en la presidencia de Paraguay de 2008-2012 y  llegó al poder en alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una fuerza política tradicional opositora a la dictadura stronista aunque contraria a medidas de redistribución económica y la Reforma Agraria. Más tarde el PLRA lo condenó en el juicio político provocando la destitución de Lugo. Durante su mandato fue conocido como el ‘obispo de los pobres’ (por su pasado eclesiástico) y tenía una agenda muy comprometida con las clases populares. Aunque no hizo reformas consistentes, su gobierno fue -con contradicciones- un interlocutor de los campesinos y, por primera vez desde 1954, dirigentes de izquierda ocupaban algunos ministerios.

[3] Son muchas las noticias al respecto: desde abortos, malformaciones infantiles o incluso la muerte de niños por estar en contacto con los agrotóxicos directo o indirecto. Los campos campos colindantes con los cultivos de Soja no producen o producen poco llevando a la expulsión de las familias de la zona por falta de posibilidades de manterse. Véase por ejemplo: http://paraguayresiste.com/campesinas-denuncian-abortos-por-agrotoxicos o http://www.globalresearch.ca/la-republica-unida-de-la-soja-recargada/5342000

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La Frontera entre la Guerra y la Paz está en el Campo

Hace apenas un poco más de un mes, a finales de julio, Catatumbo ha dejado de ser un pueblo desconocido del norte de Colombia para muchos de los que siguen de cerca los procesos por la soberanía alimentaria de los pueblos. Las luchas que iniciaron los campesinos de esta localidad de Santander contra la situación de abandono de la agricultura campesina, indígena y tradicional, mal llamada de subsistencia, a la que a lo largo de los años los distintos gobiernos de turno ha sometido, desbocó en un paro nacional agrario que ha tenido en jaque al gobierno de Santos por más de un mes. Las causas coyunturales de levantamiento de la comunidad de Catatumbo fueron la lucha por conseguir una Zona de Reserva Campesina.

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Campesinos manifestándose durante el Paro Nacional Agrario / Foto de la asociación Sintraemcali

El paro nacional agrario se inició el 19 de agosto en solidaridad con la lucha de Catatumbo y como una clara voz en contra del modelo agrario Colombiano y que Santos está profundizando aún más con la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) con Estados Unidos y recientemente la Unión Europea. La gota que colmó el vaso fue la ilegalización de semillas nacionales a favor de la obligación del uso de semillas comercializadas por las grandes agroempresas transnacionales[2]. Una medida que resulta una clara ofensiva a la agricultura tradicional al atacar los cimientos de la agrobiodiversidad de la agricultura campesina y fomentar una agricultura homogenizada y dependiente de insumos exteriores. Si la nueva medida impuesta por el gobierno llegara a materializarse supondría no solamente la expulsión de los campesinos de sus medios de vida sino la pérdida de diversidad en centenares de especies autóctonas que la agricultura campesina ha cultivado a lo largo de milenios.

La respuesta del gobierno ante la masiva participación de el paro nacional fue la represión y el intento de silenciarla. Según César Jerez, líder campesino del Catatumbo, hubieron ejecuciones extraoficiales a campesinos armados con palos y piedras. Cuatro muertos en Cataumbo y 11 más en el resto del país han teñido este episodio en Colombia, sumados  a los 85 detenidos y centenares de heridos. Aún y la violencia ejercido por el Estado las movilizaciones crecieron  a lo largo del país llegando a sumar más de 10.000 campesinos. Más allá del campo, en las grandes ciudades el movimiento estudiantil y otros sectores de la sociedad se sumaron en solidaridad al paro agrario.

Video de la represión y violencia ejercida por el Ejército en Cataumbo días antes del Paro Nacional Agrario / Agencia Prensa Rural.

Actualmente Colombia es de los pocos países de la región sudamericana que abrazan abiertamente las doctrinas neoliberales. Ésto ha tenido unas consecuencias muy fuertes en la sociedad en general y en el agro. Partiendo de la base que la estructura rural en Colombia se podría describir como un rompecabezas de conflictos; militarización y paramilitarización de las zonas rurales, actividades de narcotráfico y existencia de guerrilla rural; esto se le suma una fuerte presencia de empresas transnacionales agroalimentarias y agropecuarias que acaparan la mayoría del territorio, una población campesina cada vez con menor acceso a la tierra y un porcentaje de desplazados muy significativo: se estima que son cerca de cinco millones de personas las que han tenido que abandonar las tierras por culpa del conflicto armado y el narcotráfico.

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Un manifestante sostiene una pancarta en apoyo al paro nacional en Bogotá, el 26 de agosto de 2013. | AP

Actualmente distintas asociaciones de campesinos están trabajando en la Cumbre Nacional Agraria Popular (CNAP) que tiene previsto realizarse en el mes de octubre de 2013 para pactar con el Gobierno un nuevo modelo de desarrollo agrario que incluya lo sectores más perjudicados de la crisis agraria: campesinas, afrocolombianas e indígenas y revierta las políticas del despojo y la desigualdad. Gracias al paro nacional los sectores más desprotegidos tendrás una mayor voz en la negociación y pretenden revertir la presión de los territorios que los TLCs están haciendo en la soberanía alimentaria nacional: proteger la agricultura campesina, pedir políticas públicas a favor del campesinado y un nuevos canales agrario que permita la producción para la población interna y una menor militarización del campo. En resumen incentivar lo que para  Miguel Altieri y Clara Nicholls (2010) responde a la soberanía alimentaria: la única alternativa para promover circuitos locales de producción-consumo y acciones organizadas para lograr tanto el acceso a la tierra, como agua y agrobiodiversidad, entre otros, recursos clave que las comunidades rurales deben controlar para poder producir alimentos con métodos agroecológicos.

Como reflexión final sólo apuntar una última idea, el paro agrario y la actual negociación de los movimientos sociales con el gobierno se está dando al mismo tiempo que Gobierno y FARC mantienen los diálogos de paz  en la Habana. Un factor que en cierta manera podría llegar a condicionar al gobierno a tener una postura más dialogante con los movimientos campesinos, ya que probablemente si fracasan las negociaciones con la CNAP, el gobierno tampoco avanzaría en las negociaciones con las FARC.

 

RECOMENDACIONES

Les dejo con el documental de 9.70 de Victoria Solano en el que se  relata los impactos de la resolución 9.70 en el campo colombiano. El documental narra la historia de un grupo de campesinos a los que el Gobierno de Colombia le incautó y destruyó 70 toneladas de arroz bajo las ordenanzas de la resolución 9.70 y en en defensa de los intereses de empresas trasnacionales. Dicha resolución se enmarca en el  Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

 

REFERENCIAS

ALTERI, M. y NICHOLLS, C. (2000), Teoría y práctica para una agricultura sustentable, PNUD, México.

ALVÁREZ, N. (1996) “Breve vistazo histórico a la pérdida de la biodiversidad a través de la agricultura depredadora” Ecología Política, Barcelona.

DORADO, F. (2012), “La fuerza e impacto del Paro Nacional Agrario”, telesur, disponible en: http://www.telesurtv.net/articulos/2013/08/27/colombia-la-fuerza-e-impacto-del-paro-nacional-agrario-970.html

GRAIN, (2007) “La recolonización: nuevos acuerdos, viejas jugarretas”, disponible en http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/fightingFTA-es-Hi-1-a-la_recolonizacion-nuevos-acuerdos-viejas-jugarretas.pdf

HERNANDEZ NAVARRO, L. Et al. (2009), “Crisis y soberanía alimentaria: Via Campesina y el tiempo de una idea.” El  Cotidiano, núm. 153, pp. 89-95. Universidad Autónoma Metropolitana, Distrito Federal, México.a

ORDOÑEZ GÓMEZ, F. (2011), Zonas de Reserva Campesina. Elementos Introductorios y de Debate, ILSA, Colombia.

PENGUE, W. (2007) “América Latina: la artificialización de la agricultura en la región”, publicado en Ecoportal.

PNUD, (2010), Incorporación del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad en agro-ecosistemas colombianos, Colombia.

PNUD (2011), Colombia rural, razones para la esperanza, Colombia. Disponible en: http://www.pnud.org.co


[1] Las declaraciones de César Jérez han sido extraídas de una videoconferencia que se realizó en el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona bajo el título “Videoconferència amb el líder del moviment camperol a Colòmbia: ‘Què està passant a Colòmbia amb l’atur agrari?’ celebrado el 19 de setiembre del 2013.

[2] El gobierno colombiano no ha firmado el Tratado Internacional de los Recursos Fitogénicos para la Alimentación y la Agricultura (2001) de las Naciones Unidas que establece el derecho de la comunidades indígenas, locales y de las comunidades agrícolas a conservar, utilizar, intercambiar y vender libremente semillas y otros materiales tradicionales de propagación. Por ello pudo impulsar la prohibición del uso de semillas campesinas.

“Hacia un nuevo campo colombiano”

Hace apenas un mes el gobierno de Colombia y las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia llegaron al primer gran acuerdo en los diálogos de paz después de seis meses de conversaciones en la Habana y Oslo: el pacto sobre la reformar agraria bajo el nombre ” ‘Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”. Un título que de buenas a primeras, promete.  Todavía quedan en la agenda cuatro temas estratégicos a pactar: participación política, abandono de armas, lucha contra el narcotráfico y la comisión de la verdad.

EFE El jefe guerrillero de las FARC Rodrigo Granda, alias «Ricardo Téllez», durante el anuncio del acuerdo en La Habana EFE
EFE El jefe guerrillero de las FARC Rodrigo Granda, alias «Ricardo Téllez», durante el anuncio del acuerdo en La Habana EFE

El primer acuerdo, el de desarrollo rural, es sin dudas uno de los de mayor trascendencia e importancia para las FARC tanto a nivel práctico como simbólico. La guerrilla nació en 1964 a raíz de movimientos campesinos y con un claro programa rural que clamaba por una reforma agraria.  La bandera de su fundación fue la lucha por los derechos campesinos ante la alta concentración de la tierra por parte de las elites terratenientes y los grandes empresas transnacionales que acaparaban el agro y expulsaban de la tierras a los campesinos o los empleaban en régimen de semi-esclavitud. Tenían una fuerte inspiración cubana y pretendían implantar una reforma agraria tan ambiciosa como la realizada en la isla.

La lucha por la reforma agraria es uno de los bastiones fudamentales de la organización; aunque a lo largo de sus más de cincuenta años de existencia, las FARC han ampliado  su programa político a temas alejados de lo rural, adaptándose a las nuevas necesidades sin olvidar las viejas y estructurales deferencias de la sociedad colombiana; gran parte de ellas derivadas de la falta de acceso a la tierra de la mayoría de la población rural.

Fotografía Boris Heger

UNA ESTRUCTURA AGRARIA POLARIZADA

La estructura agraria del país es altamente conflictiva al ser una de las más desiguales de Sudamérica. Pese a que es casi imposible determinar la concentración de la tierra debido a que un 40% de los predios rurales no tienen títulos y la información catastral es muy baja, se estima que un 1’15% de los propietarios poseen el 52% de la tierras. Una concentración que situaría a Colombia entre los cuatro países más desiguales del continente americano junto con  Paraguay, Brasil y Argentina.

La historia de la política rural en Colombia ha brillado a través de las décadas por no intentar revertir la desigualdad en la tenencia. Bebe de una herencia colonial latifundista de plantaciones de café y azúcar muy dependiente de las exportaciones.  En la historia de Colombia no ha habido ninguna reforma agraria que optara por una redistribución mínima de las tierras[1]. Las políticas estatales de los noventa ayudaron a aumentar la concentración de la tierra al buscar sustituir la intervención directa del Estado por los mercados asistidos de tierra, creando inventivos a los agente privados para la adquisición de tierras; todo ello dio como resultado la imposibilidad de acceder a las tierras a la agricultura campesina y a fomentar un alta concentración y extranjerización de la tierra. Una situación que ya en 2011 llevó a la ONU a declarar la necesidad de implementar políticas para invertir la desigual tenencia de la tierra en Colombia[2].

UN CONFLICTO QUE DESPLAZA Y CONCENTRA TIERRA

Colombia ha sido históricamente un país que empleaba a la mayoría de sus habitantes en la agricultura, sin embargo, la guerra y la impunidad en el agro, ha creado una corriente migratoria muy fuerte de lo rural a lo urbano, sobrepoblando las grandes urbes con un contingente masivo de desplazados viviendo en los cinturones de la pobreza de las ciudades. Actualmente en las tierras desocupadas de los desplazados se adjudican concesiones por parte del Estado para la explotación minera (entre otros) o a grupos económicos locales o transnacionales; las utilizan para sus proyectos de inversión en agroindustria, para la producción de biocombustibles como los crecientes cultivos de palma africana[3]. Una producción que merma todavía más la soberanía alimentaria del país al destinar un elevado número de hectáreas a la exportación de cultivos con fines no alimentarios. Pese a que no hay registros oficiales del número de desplazados, distintas ongs y estudios calculan que entre 1990 y 2010 ha habido un total de 62.000 desplazados al año[4].

UNA FUTURA REFORMA AMBICIOSA

El primer acuerdo en las negociaciones de paz, ha brillado por su ambición. Pese a que la reforma queda lejos de los ideales fundacionalistas de las FARC inspirados en la revolución cuabana, de realizarse los pactos a pie de letra, Colombia con toda probabilidad dejaría de estar en la lista de países con mayor desigualdad. A grandes rasgos, el pacto apuesta claramente por un modelo de agricultura campesino que  incentiva la soberanía alimentaria y que protege al pequeño productor frente a los gigantes agrarios transnacionales que existen en el campo colombiano. Es un acuerdo que «está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras y la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo» según declararon el gobierno de Santos y las FARC.

Concretamente se llegaron a seis acuerdos en el tema agrario. El primero consiste en el acceso y uso de las tierras improductivas. También se acordó un plan de formalización de la propiedad, hasta ahora muchas de las pequeñas propiedades carecían de títulos de propiedad siendo facilmente expulsables, frontera agrícola y protección de zonas de reservas. Otro acuerdo de gran trascendencia ha sido el compromiso del gobierno de garantizar el desarrollo social: salud, vivienda, erradicación de la pobreza y educación, en el agro colombiano, muy castigado por el conflicto y con muy pocas infraestructras sociales. Finalmente, se recalca la necesidad de incentivar una economía solidaria y basada en cooperativas, con acceso a una asistencia técnica pública, créditos, mercado, políticas alimentarias que impulsen una soberanía alimentaria nacional a base de la producción campesina y familiar.

Por ello el primer gran pacto tiene una trascendencia más allá del mero simbolismo de paz; de cumplirse con el acuerdo, la estructura agraria colombiana daría una giro a favor de los derechos campesinos por primera vez en la historia y pese a que no eliminaría el poder de los grandes terratenientes y de las compañías transnacionales, limitaría sus usos y costumbres de impunidad en el agro colombiano.

DOCUMENTOS:

Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2012).

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155378

Comunicado del acuerdo de la Reforma Agraria Integral (2013)

http://www.infolatam.com/2013/05/26/comunicado-conjunto-gobierno-farc-sobre-la-reforma-rural/w.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf


[1] Solamente en 1936 durante el periodo liberal se implantó una reforma agraria que más que redistribuir las tierras legalizó las colonizaciones de territorio del campesinado con el fin de regularizar la titularidad de la tierra.

[3] FAO-CEPAL, (2013). “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Amércas: una mirada hacia América latina y el Caribe”.

[4] DA SILVA ET AL (2008) “Boom Agrícola y presistencia de la pobreza rural”, FAO.